El Consell exige al Gobierno un juzgado propio para atender a las víctimas de violencia de género en Menorca

La consellera Carmen Reynés, preocupada por la falta de atención a las necesidades de la isla

La consellera Carmen Reynés, en una imagen reciente

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El Consell de Menorca reclama la creación de una sección judicial específica para la violencia de género en la isla, después de que las asignaciones del Gobierno español dejaran fuera a Menorca de la lista de nuevos juzgados especializados.

La consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, ha manifestado su «preocupación» por la falta de atención a las necesidades específicas del territorio insular. Actualmente, Menorca solo cuenta con dos juzgados mixtos que asumen múltiples competencias, lo que dificulta una atención especializada, ágil y continuada a las víctimas de violencia machista.

Reynés insiste en la «necesidad urgente» de dotar a la isla de una sección judicial específica que atienda a las mujeres que sufren este tipo de violencia: «Las víctimas de Menorca tienen el mismo derecho que cualquier otra mujer de las Illes Balears a ser atendida con los mismos recursos y con una justicia especializada».

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Desde el Consell se insiste en que una «atención digna» exige «una coordinación efectiva entre los servicios sociales y el ámbito judicial».

Falta de recursos clave

A esta reivindicación se suma la denuncia por la ausencia prolongada de la figura del psicólogo forense en el equipo técnico de los juzgados de Menorca. La plaza lleva vacante más de tres años y, tal como alertan desde la institución, «su falta afecta directamente a los procedimientos vinculados a la violencia de género».

Desde el Consell lamentan que el Gobierno central no haya tenido en cuenta la «realidad menorquina» en el reparto de los nuevos órganos judiciales. Manacor, Palma y Eivissa han sido las sedes escogidas, lo que eleva a siete el número de juzgados especializados en violencia de género en Baleares. Ninguno de ellos se encuentra en Menorca.

La consellera de Bienestar Social denuncia que se ha «dejado de lado» a la isla, mientras reivindica las políticas impulsadas desde su departamento para «mejorar el sistema de protección ante la violencia de género y la violencia sexual». Concluye que «es de justicia para Menorca, no se piden privilegios, solo equidad territorial».