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La Plataforma contra la impunidad del franquismo, constituida por diversos colectivos sociales y del mundo del arte y la cultura, consideró hoy que el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo, que le ha llevado a ser suspendido de sus funciones hasta que sea juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, constata la "indefensión" de las víctimas.

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

La Plataforma contra la impunidad del franquismo, constituida por diversos colectivos sociales y del mundo del arte y la cultura, consideró hoy que el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo, que le ha llevado a ser suspendido de sus funciones hasta que sea juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, constata la "indefensión" de las víctimas.

En rueda de prensa en Granada, el poeta Luis García Montero, que actuó como portavoz de la plataforma, se preguntó en ese sentido "quién es competente" para investigar esos crímenes, teniendo en cuenta además que el Congreso reconoció el pasado martes que "dos años después de funcionamiento precario, la Ley de Memoria Histórica está llena de debilidades que la hacen poco eficaz", aprobando una resolución que apunta a los poderes públicos como "responsables" para promover este tipo de investigaciones.

Los miembros de la plataforma, que acudirán a las 20,00 horas de hoy a la concentración convocada ante la Audiencia Nacional en protesta por la resolución contra Garzón, se sienten, como una gran número de ciudadanos, "escandalizados" ante la situación de la justicia en España y, por esa razón, pidieron a los partidos políticos que hagan "una reflexión muy seria" sobre el estado de la justicia y sobre la "sensación de desamparo" que comparten la ciudadanía y las víctimas del franquismo.

Según recordó García Montero, en Argentina las víctimas presentaron una demanda para que se investigaran los crímenes que obtuvo la respuesta de la justicia del país andino de que estos crímenes son crímenes contra la humanidad, "que no hay ley de amnistía posible dentro del derecho internacional que absuelva esas responsabilidades", y que, si no se abren investigaciones en Argentina "es porque se pensaban que ya se habían hecho en España".

La causa contra Garzón, para el poeta granadino, ha tenido además una "repercusión inmediata" en que otros jueces "no hayan asumido la responsabilidad de investigar". "Muy poco ayuda a las víctimas el ensañamiento público con que algunos responsables del Poder Judicial se están comportando ante el juez Garzón", manifestó.

LEY "INSUFICIENTE"

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que incidió en que la causa contra Garzón evidencia que la Ley de Memoria Histórica es "insuficiente" y lamentó que hayan sido Falange y Manos Limpias quienes hayan provocado que un juez como Garzón se siente en el banquillo.

"El juez Luciano Varela --instructor del proceso-- ha actuado casi como su abogado y además ha entregado a Falange y Manos Limpias documentación personal de las víctimas que fue enviada a Garzón en su día para que iniciara su investigación", señaló Silva, para quien "algo ocurre en España" cuando "siempre es pronto para los verdugos y tarde para las víctimas".

Para la escritora Almudena Grandes, "hay algo profundamente cruel" no sólo en que el juez Garzón sea suspendido por investigar los crímenes franquistas sino también en el hecho de que no le sea permitido trasladarse a La Haya "para poder vivir de una manera más serena y más tranquila todo lo que le está pasando". "Un tribunal puede juzgar a un imputado, pero no debería poder decidir donde puede uno trabajar", apuntó Grandes, quien consideró además que "se nos ocultan todas las razones" de ese proceso contra el magistrado.

El actor Juan Diego Botto insistió en el hecho de lo "inocuo" y "blanco" del proceso que abrió Garzón para investigar los crímenes del franquismo --de la que luego se inhibió en favor de los juzgados territoriales-- ya que no podía haber nadie imputado, en una causa que, con la calificación de "delito permanente", sólo podrá cerrarse si se conoce. "Hay que abrir fosas para cerrar heridas", dijo.