Garzón.- El juez deja abiertas causas como el chivatazo, Bateragune, la Pretoria o las torturas en Guantánamo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, suspendido hoy en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deja abiertas en su juzgado causas como la del chivatazo a la banda terrorista ETA, el funcionamiento de su aparato de extorsión, la trama de corrupción 'Pretoria' o las torturas en el centro de detención de Guantánamo.

El Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha estado dirigido por Baltasar Garzón desde 1988 a excepción del periodo de dos años en el que permaneció en Nueva York, investiga también a Marruecos por torturas en el Sáhara, instruye un procedimiento contra la mafia rusa y mantiene abierta una causa por el fraude de Fórum Filatélico.

Cuando la Audiencia Nacional reciba oficialmente la comunicación de la suspensión de funciones de Garzón, lo que previsiblemente ocurrirá el próximo lunes, el juez Santiago Pedraz asumirá temporalmente el trabajo de su juzgado, al ser su sustituto natural en periodos de vacaciones.

Posteriormente, el CGPJ deberá sacar a concurso su plaza en la Audiencia Nacional para nombrar temporalmente a un sustituto, que se haría con esta plaza en comisión de servicios.

LABOR CONTRA ETA

El pasado 10 de febrero, Garzón comunicó al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros ocho dirigentes de la izquierda abertzale su procesamiento en la causa en la que investiga el proyecto 'Bateragune (Todos Juntos)', con el que el entorno de ETA pretendía crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

Los ocho dirigentes están acusados de un presunto delito de integración en organización terrorista después de que fueran detenidos el pasado 13 de octubre. Cinco de ellos --Otegi, Díez Usabiaga, Rodríguez, Zabaleta y Jacinto-- se encuentran en prisión desde entonces.

Uno de los asuntos más polémicos que tramita actualmente Garzón es la investigación de los supuestos autores de un chivatazo policial realizado en 2006 a personas que estaban siendo investigadas por conformar el aparato de extorsión de la banda. La Fiscalía solicita el archivo de esta causa.

En un procedimiento separado del 'caso Faisán' Garzón investiga al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo para averiguar por qué dos etarras detenidos en Francia en 2007 tenían su número de teléfono.

La citación se produjo después la Sala de lo Penal de este tribunal le obligara a admitir la personación de Dignidad y Justicia, que interpuso una querella contra García Hidalgo y los supuestos etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Martínez por colaboración terrorista.

Por otro lado, Garzón también deja pendiente las indagaciones sobre la extorsión de ETA a empresarios vascos. A mediados del pasado mes de febrero, el juez archivó el procedimiento que se seguía contra 14 empresarios que fueron imputados por ceder a la extorsión de la organización terrorista, al considerar que no colaboraron con ETA y que el delito de omisión de la denuncia que se les podría atribuir ha prescrito.

CASOS DE CORRUPCIÓN

Fuera de su labor contra la banda terrorista ETA y su entorno, Garzón investiga la implantación en España de mafiosos rusos detenidos a raíz de la denominada 'Operación Troika'. Esta investigación, iniciada en 2008, investiga delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documento mercantil, contra la hacienda pública, falsedad en documento oficial y simulación de contrato. El cabecilla del grupo sería el supuesto 'capo' de esta organización Gennadios Petrov.

En el ámbito de la corrupción, Garzón dirigía las investigaciones de la denominada 'operación Pretoria', en la que se desarticuló una presunta trama de adjudicaciones irregulares que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y en la que hasta el momento hay 20 imputados, entre ellos, el ex alcalde de esta localidad Bartomeu Muñoz (PSC) y los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ambos de CiU.

JUSTICIA UNIVERSAL

Además, Garzón se declaró competente el pasado mes de enero para investigar posibles torturas en la base norteamericana de Guantánamo, tras admitir a trámite las querellas de varias asociaciones contra seis responsables jurídicos de la prisión por las presuntas torturas sufridas por cuatro prisioneros, uno de ellos de nacionalidad española.

En el campo de la justicia universal, Garzón investiga desde octubre de 2007 crímenes cometidos en el Sáhara Occidental. En esta causa están imputados 13 altos cargos y funcionarios del régimen alauí por un presunto delito de genocidio y el asesinato, las torturas y las lesiones que habrían sufrido un total de 32 personas.

También deja a su sucesor un procedimiento contra la familia de Augusto Pinochet. El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional solicitó el pago de una fianza solidaria de 77.348.374 dólares (51.441.746 euros) a la viuda del ex dictador chileno, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen.

El magistrado les imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se desprende de un auto fechado el pasado 26 de octubre.

CAUSAS ECONÓMICAS

En cuanto a las causas económicas, Garzón lleva instruyendo desde mayo de 2006 la estafa de Fórum Filatélico, en la que mantiene a más de una veintena de imputados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.

Asimismo, dentro del 'caso Fórum' el juez mantiene abierta una pieza separada en la que investiga la posible conexión de los ex directivos de la filatélica con la operación marbellí 'Ballena Blanca', germen del 'caso Malaya', donde se estudia un presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la Costa del Sol.

Además, Garzón tramita una querella contra el fundador y ex presidente Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por maquillar las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como la auditoría de la correspondiente a dicho ejercicio, con la intención de mantener el valor bursátil de la inmobiliaria.