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- Sáenz de Santamaría defiende que cualquier persona está sujeta a la ley y debe aplicarse con absoluta igualdad - Falange valora "muy positivamente" la suspensión de Garzón porque ayuda a despolitizar la Justicia

- Sáenz de Santamaría defiende que cualquier persona está sujeta a la ley y debe aplicarse con absoluta igualdad

- Falange valora "muy positivamente" la suspensión de Garzón porque ayuda a despolitizar la Justicia

MADRID, 14 (OTR/PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó este viernes el "respeto" a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspender al juez Baltasar Garzón, pero insistió en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del magistrado hasta que concluya el procedimiento. Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que cualquier persona, sea juez o sea cuál sea su profesión, está sujeta a la ley y debe aplicarse a "todos" con "absoluta igualdad". Por su parte, Falange Española de las JONS valoró "muy positivamente" la decisión de suspender en sus funciones a Garzón porque considera que contribuye a "despolitizar" la Justicia.

Ante la decisión del órgano de gobierno de los jueces de acordar por unanimidad la suspensión de Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello, la vicepresidenta De la Vega quiso trasladar el respeto del Gobierno al Tribunal Supremo, a los jueces, a los procedimientos, los tiempos y las decisiones, "también a las del órgano de gobierno del poder judicial".

"El Gobierno, como siempre, respeta la decisión del CGPJ y, de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido", defendió la vicepresidenta en una primera valoración del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Asuntos de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, destacó el "prestigio internacional" de Garzón pero afirmó que se deben "respetar" las decisiones del CGPJ. "Todo el mundo es consciente del prestigio e interés que ha suscitado el juez Garzón en la comunidad internacional", no obstante, "creo que debemos respetar las decisiones del poder judicial", declaró.

PP Y UPyD DEFIENDEN LA IGUALDAD DE APLICACIÓN DE LEY

La portavoz popular Sáenz de Santamaría expresó el "respeto" de su partido por la decisión del CGPJ y afirmó que en una democracia "lo lógico es que funcionen las instituciones y se aplique la ley". "Consideramos que cualquier persona, sea juez o sea cuál sea su profesión, está sujeta a la ley, y la ley se aplica a todos los españoles con absoluta igualdad. Así que nuestro respeto a esa decisión", enfatizó.

Por su parte, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, consideró que "nadie" puede "escaparse" de ser juzgado por hechos presuntamente delictivos, como la prevaricación en la que podía haber incurrido el juez Garzón al investigar los crímenes del franquismo. Así, Díez apunto que las personas sobre las que pesan procedimientos "tan serios" como el que se le imputa a Garzón tienen que ser "juzgadas", y el hecho de ser magistrado de la Audiencia Nacional no debe servir de "escudo".

Para Díez, "el mayor error" cometido por el juez Garzón ha sido "politizar" su causa, lo que, en su opinión, le ha dado "muy mala imagen". "Dice muy poco de un juez que no respete la acción de la Justicia, quiere evadirla y, además, quiere salvarse políticamente", concluyó.

ICV Y ERC SE OPONEN A LA SUSPENSIÓN DEL JUEZ

El secretario general de ICV, Joan Herrera, aseguró que la suspensión de Garzón representa "una involución de la calidad democrática de este país". Además, afirmó que no es casual que quien investiga los crímenes del franquismo sea perseguido y que la decisión del CGPJ "es nula de pleno derecho".

Asimismo, lamentó que los sectores conservadores de la justicia que quieren impedir que se investiguen los crímenes cometidos por el franquismo sean perseguidos "se hayan salido con la suya", y atribuyó la persecución a una instrumentalización de la justicia.

En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, considera que la decisión del CPGJ evidencia que "la derecha judicial" española no ha hecho la Transición". Ridao subrayó que "la categoría" es "que parte de la sociedad española no ha superado el franquismo", "que la hegemonía de la derecha judicial es asfixiante" y que ese sector "no ha hecho la Transición".

FALANGE Y MANOS LIMPIAS APOYAN LA DECISIÓN DEL CGPJ

Falange Española de las JONS valoró "muy positivamente" la decisión del CGPJ de suspender a Garzón porque defienden que supone el "fin" de la "utilización política" de los juzgados por parte del Magistrado que, según detalló, tuvo "pretensiones de estrella mediática". Todo esto "contribuirá a una despolitización de la Justicia muy necesaria para su regeneración", enfatizó.

El secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, calificó este viernes de "triunfo del Estado de Derecho y de la sociedad civil" la suspensión del juez y afirmó que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sabido "aguantar el tipo" ante las múltiples presiones recibidas y finalmente ha sentado en el banquillo a Garzón, mientras que la Fiscalía se ha comportado de forma "desleal" en este asunto "colocándose al lado del presunto delincuente".

Bernard, que interpuso la querella contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, restó importancia al hecho de que el magistrado pueda ser autorizado a cubrir una plaza de asesor en el Tribunal Penal Internacional (TPI) porque a su juicio se trata de un simple "lavado de imagen".

En todo caso, el responsable sindical considera que el posible traslado sería un "descrédito" para el propio TPI "porque sería como mandar de embajador de España a un presunto delincuente". Finalmente, pidió al Tribunal Supremo que juzgue a Garzón cuanto antes "para evitar más maniobras torticeras" por parte de los defensores del magistrado.