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Fuentes del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron esta noche su indignación con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este órgano de retrasar la discusión sobre el posible traslado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI) y calificaron de "desleales" a los miembros de este órgano designados a propuesta del PP.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Fuentes del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron esta noche su indignación con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este órgano de retrasar la discusión sobre el posible traslado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI) y calificaron de "desleales" a los miembros de este órgano designados a propuesta del PP.

En declaraciones a Europa Press, varios vocales progresistas señalaron que tras acordarse la suspensión cautelar del juez por el pleno extraordinario de este órgano durante la mañana, en la mente de todos estaba la idea de que, al convocarse una reunión de la Comisión Permanente para pocas horas más tarde, era casi seguro de que se llegaría a un acuerdo para aceptar la pretensión de Garzón de ser declarado en situación "servicios especiales" con el fin de ocupar la plaza que se le ha ofrecido en la Fiscalía del Tribunal de La Haya.

Añadieron que esta hubiera sido la decisión "más armónica" y lamentaron que, contra todo pronóstico, la oposición de los dos vocales designados por el PP que forman parte de la Comisión Permanente no permitiera el traslado.

La Comisión Permanente del CGPJ retrasó hoy su decisión sobre el traslado del juez a la espera de recibir nuevos informes. Tras casi dos horas reunida, la Comisión Permanente no logró alcanzar un acuerdo sobre la petición del juez Garzón, que esta mañana fue suspendido cautelarmente en sus funciones por el CGPJ, en cumplimento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello.