La casa ocupada es una vivienda antigua situada en la calle Cos de Gràcia, de Maó. | Javier Coll

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Tres miembros de una misma familia han sido condenados a abonar una multa de 680 euros y a desalojar la casa que habían ocupado sin permiso de su propietario en el centro de Maó. Además deberán pagar los gastos de luz y agua, y asumir el pago del cambio de la cerradura que ellos mismos habían adquirido para instalarse en la vivienda alegando que no tenían otro sitio donde residir.

El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó considera a los miembros de esta familia culpables de un delito leve de usurpación desde una fecha anterior al 15 de marzo. Aunque en la denuncia se indicaban que eran cinco miembros de la familia los que habían ocupado la casa, dos hijos mayores pudieron acreditar que residían en otra vivienda de alquiler y han sido absueltos.

La abogada de la familia 'okupa' formada por la pareja y una hija ha decidido presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por lo que, en principio, se suspenderá la ejecución del fallo hasta que resuelva la instancia superior. Así, los acusados podrán continuar en la casa situada en la calle Cós de Gràcia, de Maó.

En el juicio el padre alegó que habían entrado en la casa porque otra persona se la había alquilado temporalmente por 200 euros y les había entregado la llave. Su ánimo, dijeron, no fue ocuparla ilegalmente. Cuando el propietario les descubrió se ofrecieron a abonarle los gastos, pero el dueño dijo que la casa no estaba en condiciones para ser habitada ya que precisa una reforma integral. Dos días después les cortó el suministro de agua mientras que el de luz corresponde a una instalación antigua, y funciona a 125 vatios.

Sin recursos

La familia se dedica a la venta ambulante en mercadillos. Desde hace unos meses tuvo que abandonar la vivienda de alquiler en Alaior porque no podía pagarla. Han asegurado que estuvieron obligados a pernoctar durante dos meses en la furgoneta en la que se desplazan debido a su insolvencia para acceder a otra casa. Al parecer acudieron a los servicios sociales de Alaior, primero, y pidieron ayuda también en Maó, sin que hasta ahora se haya podido concretar. Dijeron que cuando esa tercera persona les ofreció el alquiler temporal de la casa no dudaron en aceptarlo. En el juicio no pudieron demostrar cuánto ni a quién habían pagado ese supuesto alquiler.