El juicio a prevención se celebró este lunes por la mañana en el Juzgado Social de Ciutadella

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El acuerdo de conformidad entre su abogado, Francisco Marqués, y el fiscal del caso, Eduardo Norro, permitió este lunes al propietario de una vivienda edificada en el Camí Son Gall, de Ciutadella, evitar la demolición inmediata que solicitaba el Ministerio Público en el escrito de acusación por un delito contra la ordenación del territorio.

En el juicio penal a prevención celebrado por la mañana en Ciutadella ambas partes pactaron el acuerdo que conlleva el pago de una multa elevada al propietario, a razón de 20 euros diarios durante un año (7.200 euros), además de un año de prisión que no cumplirá al carecer de antecedentes penales. El auto para la demolición de la obra ya había sido dictado con anterioridad, aunque el letrado lo había impugnado ante el Juzgado Contencioso Administrativo por defectos de forma, y en principio no se resolverá hasta dentro de un par de años, aproximadamente.

Ese fue el acuerdo alcanzado por el abogado, considerando que el propietario no había edificado para lucrarse sino que se trataba de su propia residencia habitual por lo que no ha tenido que justificar cualquier otra operación relacionada con ella. La conformidad evitó así la demolición inmediata de la vivienda, como pedía el fiscal en su escrito, además del pago de 31.073 euros en que se había peritado el coste de la reposición del suelo a su estado original.

La condena, no obstante, supone que el propietario, natural de Ciutadella de 37 años, acepta la comisión del delito urbanístico al haber levantado la construcción de forma ilegal. Además, la sentencia incluye la condena al constructor que queda inhabilitado por el plazo de dos años.

Los hechos ocurrieron cuando el acusado, en septiembre de 2016, mientras residía en la parcela de un familiar en esa misma finca del Camí Son Gall, pese a tener conocimiento de que el terreno estaba clasificado como no urbanizable de carácter rústico protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Menorca, construyó una vivienda de nueva planta de 120 metros cuadrados y estructura de hormigón.

La incoación del procedimiento sancionador a cargo del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha supuesto en este caso, como en otros que se consideran de especial relevancia, que también haya sido trasladado al ámbito penal.