Eduardo Enrique E.R., de 42 años de edad, natural de Venezuela y con nacionalidad española, permanece en prisión desde que fue detenido en noviembre de 2019 por esta causa, 17 meses después de que ocurrieran los hechos. El detonante de su detención fue el contenido de la grabación del móvil de la mujer, activada aquella noche, en la que se escucharía como él le decía a la amiga de su esposa que estaba con ellos que la dejara morir cuando esta ya se hallaba agonizante.
El acusado ya había sido detenido en septiembre de ese mismo año 2019 y estaba en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, porque pesa sobre él otra acusación de homicidio sobre la que era su novia en Venezuela, en 2009, por la que todavía no ha sido juzgado. Entonces fue trasladado desde la prisión de Madrid a la de Maó, y posteriormente, a la de Palma.
Según coinciden la acusación particular y Ministerio Fiscal, el hombre, que era celoso, violento y posesivo, drogó a su mujer aquella noche dándole para que bebiera, cuando ella estaba en el baño, un vaso con una mezcla de sangría y MDMA -cristal-, en una cantidad suficientemente elevada como para causarle la muerte. La mujer aceptó la bebida dada la subordinación a la que la sometía su marido regularmente y el temor que sentía por él.
Los hechos que acabaron en su muerte transcurrieron de madrugada. Según la acusación cuando la mujer ya estaba agonizante y desvanecida por el efecto de la mezcla del alcohol y la droga la arrastró hasta la piscina de plástico donde le introdujo la cabeza para acelerar su muerte. Es la conclusión a la que ha llegado la laboriosa investigación policial en la fase de instrucción, que recogen la fiscal del caso, Reyes Miñambres, en su escrito de acusación, y el abogado de la Comunidad Autónoma.
Tanto la fiscal como el letrado de la CAIB, Aitor Durán, personada en la causa como acusación particular, coinciden en solicitar la misma condena por el delito de asesinato con los agravantes de parentesco y de género. Piden una pena de 25 años de prisión y una indemnización para los padres de la mujer que asciende a 150.000 euros, cantidad que se incrementará con los intereses correspondientes si es declarado culpable. Fue la familia de la víctima la primera que sospechó de la participación del yerno en la inesperada muerte de la mujer.
La defensa del acusado, que ha cambiado varias veces de abogado desde su detención y ahora recae en el letrado penalista madrileño, Juan Ignacio Sanz Cabrejas, solicita la libre absolución de su representado al entender que no hay pruebas concluyentes que sustenten su culpabilidad.
La pasada semana se celebró una audiencia preliminar entre todas las partes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella, un acto meramente formal previo a la apertura del juicio oral que debe señalarse para los próximos meses.
El apunte
Había agredido a la mujer en otras ocasiones durante el matrimonio
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