Lena Y. en el interior de la casa en la que reside en el centro de Maó.

Tiene 49 años, nació en Rusia pero fijó su residencia en Alicante hace dos décadas para acabar recalando en Menorca desde 2019 donde ha combinado trabajos eventuales como traductora, varios episodios turbios con denuncias policiales incluidas, entre ellos uno con un casero del que recibió una paliza que la llevó al hospital, y un complicado trámite médico y administrativo para conseguir la discapacidad por sus problemas hepáticos y psicológicos.

Lena Y. revela su desesperación ante la demanda de desahucio que ha recibido para abandonar la casa en la que vive desde hace dos años. Es el conocido inmueble de okupas situado en el número 22 de la Plaça del Príncep, que ahora es propiedad de una sociedad madrileña de compra y alquiler de inmuebles. El juzgado ha admitido a trámite la denuncia que ya ha sido trasladada a la mujer. Ahora ella debe defenderse y alegar su precariedad para evitar el desalojo.

En esa casa se instaló Lena hace algo más de dos años porque alguien se la ofreció, recuerda, cuando la vio salir sola de la Iglesia del Carmen, que está justo delante del edificio, portando una maleta tras acabar de mala manera en el último sitio en el que había vivido. No sabía qué hacer ni dónde ir, indica Lena a este diario.

Está empadronada en la casa

El pasado viernes la Policía Local de Maó acudió a este edificio de okupas con un representante judicial y entregó a la mujer, que está empadronada en esa dirección, la demanda de desahucio concediéndole 10 días para que presente alegaciones, a través del abogado que la asiste.

«Vinieron, me dieron un papelito y a la calle, sin más», interpreta desesperada. Asegura que cuando alquiló el piso a un hombre de nacionalidad dominicana, conocido por sus antecedentes penales, no sabía que se trataba de una casa de okupas. «Él me dijo que era de sus abuelos, y yo le creí aunque me indicó que no hacía falta que firmásemos ningún contrato como yo le pedí». Paga normalmente 300 euros por vivir, mientras su hijo, de 21 años, está en otro piso del inmueble en el que también reside otro ‘realquilado’. La demanda por precario es extensiva a todos los que viven allí. Sin embargo, el falso propietario está en prisión, como en otras ocasiones, por lo que ella ha dejado de abonarle la renta.

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El inmueble, situado en la Plaça de Príncep de Maó. | Foto: Gemma Andreu

«¿Por qué me quieren dejar en la calle?»

«Yo nunca me había visto en una situación así, mantengo bien la zona que ocupo, la he pintado y decorado, se ve bien desde el exterior, no perjudico a nadie, ¿entonces por qué me echan y me quieren dejar en la calle? ni a un perro se lo hacen de esta manera porque no sé dónde voy a vivir y me sacan de aquí», expresa. Asegura que ha vivido trances especialmente delicados en su vida puesto que fue militar en su país y participó en la guerra de Chechenia, en 1999.

Lena percibe actualmente un subsidio de 465 euros que se le acaba en febrero y tira adelante con el apoyo de su hijo y los alimentos que le brinda la parroquia de Sant Lluís, señala. Está pendiente, asegura, de un trasplante de hígado y de una evaluación psiquiátrica para obtener una declaración de discapacidad. «Es que no puedo más, no tengo ganas de vivir porque me viene un problema detrás de otro, estoy perdida completamente y no sé qué hacer, no me explico por qué tienen que echarme de una casa que mantengo como puedo».

Este jueves tiene una cita con los servicios sociales del Ayuntamiento de Maó en los que ya está registrada porque ha sido atendida en otras ocasiones.

El apunte

Norma Reoco SL, la nueva propiedad inversora que quiere sacar a los okupas

Norma Reoco SL, sociedad madrileña de inversión en inmuebles para venta y alquiler se hizo con el edificio de la Plaza del Príncep, 22, en octubre de 2020. Antes había pertenecido a una entidad bancaria y a un fondo buitre que también trató de desalojar judicialmente a los okupas pero no lo consiguió ya que fueron absueltos en el juicio de enero del mismo año al que no se presentaron. Su abogado explicó entonces que en Balears no se considera usurpación cuando el propietario del inmueble es una entidad jurídica sin ocupación previa.

En ese inmueble la Policía Nacional ha intervenido en muchas ocasiones y practicado detenciones por peleas entre sus moradores o visitantes.

El inmueble, que ahora presenta un aspecto más aseado, también fue un centro de corrupción de menores, según admitieron fuentes policiales, en el caso que salpicó a la Casa de la Infancia ese mismo año porque menores tuteladas acudían allí con frecuencia y tenían encuentros con adultos. Ha sido un punto de consumo y venta de droga aunque su principal responsable se encuentra actualmente en prisión, como ya lo estuvo entonces por el caso aludido. La posible corrupción de menores de 2020 quedó archivada ya que las adolescentes implicadas lo negaron.