Pena de prisión y multa a la mujer que amenazó al personal del Servicio de Familia de Menorca

El fiscal aplica la atenuante de anomalía psíquica para reducir la condena a nueve meses de cárcel, que quedan en suspenso

La acusada aceptó los hechos y la sentencia pactada entre los abogados y el fiscal | Foto: M.J.U.

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La mujer brasileña de 48 años de edad, acusada de amenazas y calumnias continuadas a cuatro trabadores del Servicio de Familia del Consell, entre ellos, su máximo responsable, Jesús Barrasa, aceptó ayer una condena de 9 meses de prisión y multa de 500 euros, pactada por su abogada, la acusación particular y el fiscal.

La privación de libertad, además, quedó suspendida siempre que abone la indemnización de 125 euros a cada uno de los demandantes y no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.

En la negociación previa al juicio celebrado en el Juzgado Penal de Maó, el Ministerio Fiscal acabó aplicando la atenuante de anomalía psíquica de la mujer, que cuando profirió las amenazas estaba afectada por la resolución del Servicio de Familia que le había retirado la tutela de su hijo. Esa atenuante y la eliminación del delito de calumnias permitió la rebaja de la condena, que en principio era de 2 años de cárcel e indemnización de 2.880 euros a los perjudicados por daños morales.

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La mujer, de nacionalidad brasileña, se mostró de acuerdo con la conformidad en su declaración ante el magistrado-juez por videoconferencia. La sentencia que se dictó en la misma vista oral incluye la orden de prohibición de comunicación con los cuatro demandantes durante tres años.

Los hechos se produjeron desde principios de 2021 hasta mediados de 2024. La mujer les amenazó con vengarse por la decisión que adoptaron respecto a su hijo, e incluso les dijo que les mataría si sucedía algo. Estas comunicaciones reiteradas, sumadas a las calumnias que ayer fueron retiradas de la acusación, llevaron a los cuatro afectados a denunciarla, iniciando un proceso que concluyó ayer con la sentencia condenatoria contra ella.

Su abogada solicitó que la ejecución de la entrada en prisión durante los 9 meses del castigo quedara suspendida, a lo que no se opuso el fiscal, al carecer de antecedentes penales y ser la condena inferior a los dos años de reclusión. Tampoco se opuso la abogada de la acusación particular.

La mujer acusada, a través de la pantalla de la videoconferencia, aceptó los términos del acuerdo y la advertencia del magistrado para que no vuelva a delinquir, a riesgo de tener que entrar en la prisión.