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El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Maó, Carlos Javier García, ha condenado a la sociedad mercantil Enfront SL a indemnizar económicamente a Teresa Sirvent y otros dos inquilinos que tenían arrendados locales comerciales en un edificio de Es Castell que amenazaba ruina. El ayuntamiento que preside Maria Borràs ordenó en marzo del año pasado la demolición del inmueble, situado en la confluencia de las calles Victory y San Jorge, ante las dilaciones de la propiedad para consolidar la estructura del edificio.

El juez condena a Enfront SL a indemnizar a los inquilinos del local destinado a almacén, Juan José Campino y a Santiago Martín-Forero, con 26.067,75 euros, mientras que fija la cantidad a percibir por Teresa Sirvent, arrendataria del local destinado a comercio, con la suma de 19.232,39 euros. La sentencia concluye que la propiedad, Enfront SL, «ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones contractuales de reparación de los locales de negocio de su propiedad», arrendados a los tres inquilinos, cuya demanda estima parcialmente. El fallo reconoce que «este incumplimiento ha producido a los actores perjuicios en su actividad mercantil y pérdidas económicas que deben ser indemnizadas». El Juzgado considera que la pasividad de Enfront «fue plena» y que estuvo movida por una «finalidad torcitera»: lograr la resolución de los contratos de arrendamiento mediante la obtención de la declaración de ruina total del inmueble.

La sociedad Enfront SL compró los inmuebles a la anterior propiedad después que tanto la Audiencia Provincial, primero, como el Tribunal Supremo, después, confirmaran la declaración de «ruina parcial» instada en diciembre de 1985 por la antigua propietaria y resuelta por el Ajuntament en enero de 1986. El consistorio ordenó la realización de una serie de obras en el plazo máximo de dos meses. En 1990, el ayuntamiento requirió a la nueva propiedad, Enfront SL, para que iniciara los trabajos de reparación. El requerimiento fue desatendido, lo que provocó la denuncia de los inquilinos en febrero de 1991 y una nueva resolución municipal insistiendo en la perentoriedad de las obras para evitar desgracias. Los requerimientos continuaron hasta 1996. Enfront se limitó a instar, en respuesta, la ruina total.