Como muchas mañanas de mi rutina diaria, tengo el placer de pasar por la calle Cos de Gracia y como todos sabéis en esa misma calle está ubicado el Colegio de Ses Monges, de tota sa vida, y en la fachada del colegio hay una pancarta que pone "stop ley Celaá- y en el interior un lazo de color naranja"que remarca "per la llibertat d´ensenyament"... Y reflexiono en voz alta está muy claro que la ministra no está por la labor de las escuelas concertadas.
Viene entonces a mi mente cuando de niño tuve el placer de ir a este colegio. Mi familia vivía en la calle de Sa Lluna y mi abuela paterna, s´àvia Guida, casi al final del Cos de Gracia, vecina de la aserradora den Nito, durante mi niñez era muy habitual visitarla. Mi colegio El de ses monges, fue mi primer centro educativo… sólo tenía dos años y estaba ubicado en mi barrio. Al cabo de poco tiempo, pasé a la Escuela Graduada y finalmente a la Escuela de Maestría, ambas ubicadas en José María Cuadrado. Tengo un gran recuerdo de esta escuela porque toda nuestra familia ha estudiado en el Colegio San José: mi esposa, mis hijas y mis nietos.
Ante la imagen que representa el lazo naranja recuerdo un artículo de El Diario Menorca, con fecha 28-11-2020, Juan Carlos Ortego donde publicaba:
LOS SIETE COLEGIOS CONCERTADOS DE MENORCA CLAMAN CONTRA LA LEY CELAÁ
La reforma de la Ley Orgánica de Educación «es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, que resulta clave en una sociedad democrática». De este modo saluda la escuela concertada la norma del Gobierno.
Schola Libera, una plataforma integrada por asociaciones de la enseñanza concertada y privada de las Islas, sindicatos, entidades y colectivos ciudadanos, docentes, familias, alumnos y titulares de centros, ha levantado su voz contra la bautizada ley Celaá. Prefieren «la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual», señala en un manifiesto hecho público ayer.
Asegura que el nuevo texto «conduce hacia el dominio sistémico del Estado» al dotar a las administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias «como primeras educadoras de sus hijos». La distribución de los alumnos por centros a criterio de la autoridad educativa reduce la capacidad de elección de los padres, que es «un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derecho Humanos», afirma.
La ley Celaá «se inventa un derecho a la educación pública», cuando lo que reconoce la Constitución «es el derecho a la educación» y rechaza que enfrente ese modelo al de la educación concertada, «ampliamente implantada en Europa, puesto que rompe la complementariedad de redes recogida en la Constitución», argumenta Schola Libera, que también critica la devaluación que se aplica a la asignatura de Religión.
Vatuadell cent llamps, según un estudio fidedigno el coste total por alumno en los centros públicos es de media 6.940 euros, coste que la Administración pública financia en su totalidad, según el informe anual «Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015» del Ministerio de Educación, Sin embargo, en el caso de un centro concertado, la Administración financia prácticamente la mitad de esa cifra quedándose por debajo de 2.900 euros. La existencia de la educación concertada no se justifica desde el punto de vista de la rentabilidad sino de la libertad y de la pluralidad.
Lo más importante y fundamental, es que las familias tengan el derecho a escoger el centro educativo para sus hijos, (sea público o concertado) y que el sueldo del profesorado sea el mismo con independencia del tipo de centro en el que trabajen, ya que en cualquiera de ellos la vocación de los maestros es la misma, la educación de nuestros hijos.
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