La UNESCO declaró Menorca como reserva de biosfera el 7 de octubre de 1993 por el «alto grado de compatibilidad conseguido entre el desarrollo de las actividades económicas, el consumo de recursos y la conservación de un patrimonio y de un paisaje que ha mantenido, y sigue manteniendo hoy, una calidad».
El tantas veces invocado ‘desarrollo sostenible’ implica que la actividad económica ha de continuar en un entorno de espacios protegidos. Es la antigua aspiración de un modelo económico propio para la Isla.
29 años después de aquella declaración internacional aún no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo -me refiero a un gran ejercicio de consenso entre los menorquines- y definir este modelo o una ‘vía menorquina del crecimiento’. Porque el primer Plan Territorial Insular, con una Norma Territorial Transitoria por medio, sigue siendo objeto de discusión mientras prosigue su revisión.
El Ateneo acogerá este próximo miércoles una mesa redonda, convocada por el Col.legi d’Arquitectes, para analizar la situación y las perspectivas del Plan Territorial. Ya no sabemos si el PTI 1 o el PTI 2.
Tres de los ponentes están alineados en idénticas posiciones: el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, que descuenta las semanas para acabar el mandato; la codirectora del PTI en revisión, Gemma Peribáñez; y el portavoz del GOB, Miquel Camps. El presidente de los arquitectos menorquines, Enric Taltavull, será la única voz un tanto crítica. Poco debate.
A esta mesa redonda no ha sido invitado nigún agente económico o presidente de entidades profesionales de la Isla, que han expresado sus discrepancias, a través de las alegaciones -por cierto, ¿ya han sido contestadas todas?- con los cambios que se siguen introduciendo en el planeamiento territorial insular, más complejo y prolijo que la Ley del Suelo.
Si querían una mesa redonda animada y con planteamientos críticos podían haber invitado, por ejemplo, a la abogada Marta Vidal. Pero la exconsellera prefiere seguir practicando el arte del chapuzón, aún cuando permanece atenta al interminable y laberíntico proceso de redacción del Plan Territorial 2.
La abogada y exconsellera Marta Vidal, que no interviene en la mesa redonda sobre el PTI, mantiene el mismo estilo para lanzarse al agua desde el tobogán.
El informe del Seprona
Seguimos sin conocer las explicaciones sobre los vertidos de ganado y despojos en Milà, y el gobierno del Consell se empeña en dificultar el acceso de la oposición a los informes redactados por el agente de Medio Ambiente de la institución insular y la empresa gestora de la planta de tratamiento de residuos.
Exigen a los consellers Misericordia Sugrañes y Eugenio Ayuso a pedir por escrito estos documentos oficiales; les obligan a desplazarse a ‘Sa Granja’, y allí, bajo la atenta mirada de un funcionario vigilante, han de limitarse a leer los expedientes. Son material reservado, top secret. Prohibido obtener copias.
Esta pasada semana -coincidiendo con el anuncio oficial de Susana Mora para repetir como candidata a la presidencia del Consell, y la difusión del resto de integrantes de las candidaturas de Més al Parlament y al Consell- han venido a Menorca altos cargos de la UTE Es Milà, la concesionaria formada por PreZero y Adalmo, que gestiona las instalaciones de Milà.
Reuniones a puerta cerrada, llamadas y mails, y muchos nervios, demasiados, mientras prosigue la caza de brujas cuando lo relevante es que se venían produciendo unas irregularidades que han aflorado gracias al trabajo realizado por la Redacción de «Es Diari». Ahora esperamos el resultado de las investigaciones en marcha. Especialmente relevante y esclarecedor ha de resultar el informe que están redactando los agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Porque aún no se ha contado ni se ha explicado todo.
Gabriel Fiol
El magistrado menorquín Gabriel Fiol Gomila (Es Castell, 1950) se jubila a final de año. Concluye su carrera profesional, en la que no consiguió acceder a la presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears, como presidente de la Sala de lo Contencioso.
Dos sentencias le vinculan a la historia reciente de Menorca: la negativa, con Jesús Algora y Pablo Delfont, a aprobar la independencia municipal de Fornells, y el ‘caso Cesgarden’, que obligó al Consell a indemnizar a una promotora mallorquina con casi 30 millones de euros. Nadie ha asumido las responsabilidades.
En el homenaje que recibió Gabriel Fiol el jueves en Maó el presidente del TSJB, Carlos Gómez, respondió a la mallorquina sobre el Juzgado de lo Contencioso que necesita Menorca: «puede ser que Menorca lo tenga en un futuro, estoy de acuerdo». Primero se pondrá en marcha en Ibiza.
El apunte
Preguntas de la semana
¿Cuáles son las asociaciones de Menorca que no irán a la reunión convocada por Armengol este lunes en Palma para «valorar la situación económica actual»?
¿Cuándo llegará el ‘papel’ que ha paralizado el parque Agrisolar en Llucatx?
¿Prosperará la moción del senador Cristóbal Marqués para la excepción del uso del tacógrafo en Menorca?
¿Ha propuesto el Consell a la Casa Real alguna fecha para la reinauguración de la farmacia Llabrés de Ciutadella?
¿Por qué se ponen tantas trabas a la oposición para acceder a los informes sobre los vertidos cárnicos en Milà?
