El alquiler de todo tipo de viviendas, edificios, pisos y apartamentos en la Isla a través de la plataforma evidencia la popularidad e impacto de esta actividad.
No es ilegal, pero hay mucha trampa y picaresca. Como las amplias viviendas de los hortals que carecen de licencia de edificación -y, por tanto, están en la clandestinidad- pero tienen autorización para dedicarse al alquiler turístico. Puro oximorón, contradicciones e incoherencias de la Administración para el ciudadano objeto tributario.
Al grano: son los cada vez más numerosos pisos, apartamentos, casas y viviendas que, diseminadas en toda la geografía menorquina sólo se pueden alquilar durante el invierno. Como explica Javier Gilabert: «Acaba el mes de agosto y, como por arte de magia, florecen los anuncios de alquiler de viviendas en los portales inmobiliarios, buena parte a precios atractivos dadas las circunstancias. Parece una buena noticia para los menorquines que buscan, con desespero una vivienda». Pero es una artimaña.
Como en los trucos de magia hay trampa, apenas imperceptible para el ojo humano y sin explicación aparente. Estos alquileres son una gran mentira y un insulto para los jóvenes que desean independizarse o quienes se han separado, obligados, sin otra alternativa, a regresar al domicilio paterno.
La mayoría de estos ‘alquileres only winter’ carecen de licencia para su explotación turística e incumplen los requisitos. Y no es una casualidad que no se oferten estos alquileres durante la temporada turística, cuando se registra la mayor demanda. Muchos de estos pisos, situados en los centros urbanos de Menorca, pueden ser utilizados por el inquilino de octubre a mayo. Después ya no es posible porque llegan los visitantes, a los que se pueden cobrar rentas muy superiores.
Restricciones del PTI
La realidad es que los menorquines no encuentran pisos de alquiler para todo el año porque no se construyen nuevas promociones.
En este retraimiento influyen las restricciones que imponen los planeamientos urbanísticos municipales y el PTI, que reducen tanto las alturas como los aprovechamientos. Este escenario de precariedad se agudiza cuando las viviendas disponibles se destinan al alquiler turístico y sólo pueden ocuparse en invierno. En una palabra, los menorquines son expulsados por los mismos menorquines.
Es cierto que el Consell, a través del departamento de Ordenación Turística, que gestiona la consellera Núria Torrent Pallicer, ha incoado desde principios de mayo a finales de agosto 21 expedientes sancionadores por prácticas fraudulentas de alquiler turístico ilegal, con sanciones que suman 632.000 euros.
Obscena proliferación
Pero no basta. La Ley Turística prevé multas de hasta 40.000 euros en los casos graves, que ascienden a 400.000 euros en los muy graves, como los más reincidentes.
Estos propietarios tunantes alegan con abogados duchos en Derecho Procesal que buscan el error de procedimiento para invocar la prescripción.
La proliferación de pisos que se alquilan sin licencia en Menorca demanda más mano dura, medidas contundentes y sanciones ejemplarizantes que el Consell ha de tramitar con agilidad para evitar su caducidad y archivo.
La clarificadora página web insidemnenorcacom, gestionada por activistas que denuncian estas prácticas irregulares, desvelan datos explosivos: de los 4.173 anuncios que publica Airbnb referidos a Menorca, que suman una oferta total de 22.488 plazas, 1.610 carecen de licencia turística; en 541 es errónea; en 151 está duplicada; 26 tienen la autorización anulada y, por tanto, no pueden ejercer la actividad. Y hay 1.845 viviendas de Menorca inscritas en esta plataforma que cumplen los requisitos exigidos por la ley.
Alturas recortadas
Surge la controversia. Desde las inmobiliarias denuncian la falta de seguridad jurídica para los propietarios, que optan por el alquiler turístico al generar más ingresos.
Desde las empresas de construcción reclaman más facilidades para la edificación de nuevos pisos, agilidad en la concesión de las licencias de obras, y recuperar las alturas y los volúmenes edificables que han sido emasculados por las administraciones.
En cambio, la asociación de vecinos del centro histórico de Ciutadella, una de las áreas urbanas con mayor número de viviendas en alquiler por la huida de los residentes, reclama que se limite el uso turístico de las viviendas.
La ‘enmienda March’
El alcalalde de Pollença, Martí March, se dedica con gran ahínco y ardor a la tala de ‘u pi de Sant Antoni’.
Podemos y los dos Més alegan contra la ‘enmienda March’ -en referencia al alcalde socialista de Pollença y ex conseller de Educació, Martí March- a quien se le ocurre la genial idea de mantener la licencia y la actividad de alquiler turístico en las viviendas ilegales construidas en suelo rústico. O sea, los hortals.
Las preguntas de la semana
¿Qué relaciones y contactos mantiene hoy con Menorca la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló?
¿Qué conseller del CIMe ha manifestado en dos ocasiones a la dirección de su partido que desea ser relevado?
¿Habrá acuerdo entre los vecinos de Binissafúller y el restaurante Thai Menorca?
¿Qué medidas aplicará el nuevo gobierno municipal de Ciutadella para acabar con las reiteradas inundaciones de pluviales en el POICI?
¿Qué día acabarán las obras en el Camí de Baix de Ciutadella, que ya acumulan una demora de 136 días?
