El proyecto del parque acuático de Biniancolla, diseñado en 2015, ya preveía su integración en el entorno y una actividad económica conjunta con el hotel Minura Sur Menorca que hoy también es Watepark.
Los argumentos y razonamientos de Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca SA (PROTUMESA), empresa propietaria del parque acuático de Biniancolla para mantener abiertas las instalaciones, son tan contundentes que desbordan el ámbito jurídico para adentrarse en las verdades económicas, laborales, sociales y también las políticas.
Redactado por el abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, el informe de 18 páginas remitido al Consell y al Ayuntamiento de Sant Lluís, da la impresión de no haber sido leído ni entendido por la alcaldesa Loles Tronch y el segundo teniente de alcaldía Alberto Herrán de Viu.
Despeja las dudas que expone Tronch Folgado al cuestionar el carácter imprescindible que ha adquirido el «Splash» como actividad complementaria del hotel Minura Sur Menorca & Watepark. Antes de construir el parque, el establecimiento venía generando unos resultados económicos insuficientes para afrontar la inversión necesaria que permitiera mantener las instalaciones y cumplir con los compromisos financieros adquiridos. Este hecho, junto con la disminución de la demanda, puso en riesgo la continuidad de la actividad empresarial en este hotel de Sant Lluís.
La creación del parque, que se llevó a cabo en 2015, dio respuesta al objetivo de crear un producto único ‘hotel & splash’, permitió diversificar la oferta con un impacto positivo en la cuenta de resultados, mejorar el Ebitda, incrementar la contribución económica al municipio -por cada empleo directo se generar 1,5 empleos indirectos- y la creación de puestos de trabajo. En estos momentos 128 familias dependen del Minura Sur Menorca. Estos trabajadores se están empezando a movilizar para evitar el cierre de las instalaciones y porque no entienden lo que ocurren.
Inescindible
La clausura de esta actividad empresarial que funciona de manera conjunta y coordinada, hotel y parque acuático, tendrá consecuencias devastadoras no sólo para quienes trabajan en ella, sino también para sus familias, proveedores, clientes y el tejido económico del municipio. Pero lo peor es que abre la puerta al pago de indemnizaciones que el Consell ha querido evitar siempre y que hasta ahora ha conseguido eludir.
Las normativas permiten autorizaciones, o sea, que el parque acuático de Biniancolla siga operativo, cuando una instalación es imprescindible e inescindible -y este es el caso- de la actividad principal. Operativamente, comercialmente y económicamente queda acreditado, porque el cierre del «Splash» provocaría la pérdida de los clientes que lo eligen, la caída significativa en los ingresos por habitación, la reducción de demanda y puestos de trabajo, y la pérdida de atractivo para los mayoristas.
32 millones de euros
En octubre de 2022 escribí en esta misma sección: «El objetivo de los promotores consiste en alcanzar un acuerdo con las administraciones implicadas. En caso de llegar a este entendimiento, retirará automáticamente la reclamación de responsabilidad patrimonial de 32 millones de euros contra el Consell por los daños y perjuicios ocasionados». Recordé que «las actividades económicas, una vez obtienen autorización administrativa, adquieren carácter indefinido. Como mínimo, la ley ampara un plazo de treinta años para garantizar el retorno de la inversión y que pueda generar beneficios».
PROTUMESA quiere evitar un 'Cesgarden 2' al Consell, que acabaríamos pagando todos los menorquines, como ya ocurrió con el primero.
La consellera Nuria Torrent descarta que el Consell deba indemnizar a PROTUMESA por el parque «Splash».
Espada de Damocles
Y en junio de 2024 volví sobre esta misma cuestión para manifestar que «hoy, un segundo Cesgarden amenaza, como si de una espada de Damocles se tratara, al Consell», a raíz de lo que expuso Pep Mir, redactor jefe de «Es Diari»: «La hotelera mallorquina Cesgarden SL es para los menorquines algo más que una simple empresa. Es un sinónimo de millonaria indemnización, de sentencia adversa, de decisiones urbanísticas con efectos colaterales, de quebranto para las cuentas públicas. Solo en Menorca se puede decir, por ejemplo, una frase como ‘esta ley provocará un nuevo Cesgarden’, y que se entienda perfectamente».
Y en esas estamos: evitar este segundo Cesgarden que acabaríamos pagando todos los menorquines. Nos referimos al parque acuático Splash del hotel Minura Sur Menorca.
Las preguntas de la semana
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