Soy ciudadana de Es Castell. También lo fueron mis padres y mis abuelos. Lo comento simplemente para ubicar mi origen. Soy una madre a la que la impotencia e indignación le llevan a tomar la decisión de compartir mi lamentable historia en público.
Tengo una hija con una discapacidad del setenta por ciento, además de otras patologías. Tiene una pensión no contributiva de 480 € mensuales. Y, además, una pequeña ayuda por dependencia. Desde hace meses está viviendo en una casa sin agua y sin luz. El propietario decidió cortar los suministros para obligarla a salir de la vivienda, no por incumplimiento del pago del alquiler, sino porque le interesaba disponer del inmueble. Todo ello se denunció instantáneamente en el Juzgado, Guardia Civil y Policía Municipal de Es Castell.
Puede que nuestra legislación ampare el derecho inalienable a la vivienda, pero en nuestro caso, es mera letra escrita. Dado el tiempo transcurrido, y, todavía, sin respuesta.
No hace falta comentar que, con sus ingresos, no puede asumir un alquiler normal tal y como está el mercado actualmente. Y nosotros, sus padres con nuestras modestas pensiones, no podemos resolver la situación. Nos hemos dirigido a los organismos competentes de Maó y Es Castell. El ofrecimiento máximo que hemos recibido es compartir una vivienda con otras personas o alquilar una habitación.
El problema es que una persona con las características psicológicas y conductuales de mi hija, no puede adaptarse a esa solución que, en otras circunstancias, quizá sería idónea. Al menos, para dar un paso hacia adelante y salir de ese atolladero.
Las visitas al Consell Insular también han dado resultado negativo. Te reciben, te escuchan, pero de nuevo, sin soluciones.
Por otra parte, en el pasado mes de junio se presentó al Ibavi la documentación necesaria para solicitar una vivienda protegida. El problema es que hay que afrontar otra adversidad: mi hija se encuentra técnicamente «penalizada» porque al hacer la solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas en el año 2017, presentó un certificado de empadronamiento que no reflejaba con exactitud el periodo que le solicitaban, y un certificado de pensión no contributiva del ejercicio 2017 en vez de 2016 tal y como le pedían.
Esas faltas burocráticas cometidas por una persona con una discapacidad ya comentada, le supusieron la aplicación estricta y sin contemplaciones de la norma: denegación de la inscripción al Registro de Demandantes.
Yo me encontraba en esas fechas de viaje. No pude ayudar a mi hija a solventar el problema. De hecho, el requerimiento avisando de esas faltas lo encontré en mi domicilio cuando ya había transcurrido el plazo dado para solucionarlo.
No me quejo de la norma, que se supone igual para todos. Reclamo una mayor empatía y consideración para una persona vulnerable y que, por desgracia, es conocida, tratada y asistida desde hace muchos años por las principales administraciones de carácter social y asistencial de nuestro entorno.
No sabemos cuando debe finalizar la «penalización» administrativa a la que me he referido antes. Una tiene la sensación que debe tratarse de una cadena perpetua. Nadie te explica nada, nadie atiende tu llamada, nadie te orienta ni te da una pequeña esperanza.
Para mayor desánimo, seguimos viviendo con la Administración la situación de plena pandemia. Lo que debería servir para ayudarte, sirve para desesperarte. Todo va con cita previa. Todo con esperas eternas. Mi nieta me hizo la petición para poder asistir a una consulta sobre el tema en el Ibavi y le daban para finales de diciembre.
Mientras, una persona vulnerable. Dispuesta a afrontar un invierno en una vivienda sin agua y sin electricidad, porque así lo dispone el dueño.
He perdido la ilusión y la confianza en las personas que te dan la mano diciendo que te ayudarán. Ya sólo veo a alguien que me utiliza para conseguir mi voto cuando toque, o para mantener su cargo a mi costa.
