El presidente de la Generalitat de Catalunya ha firmado el decreto para la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre; un desafío al que ha respondido el Gobierno del Estado con la puesta en marcha de los mecanismos jurídicos y políticos para que el Tribunal Constitucional paralice y declare ilegal estas votaciones.
El conflicto entre Catalunya y el resto del Estado se ha producido, punto al que no tendría que haberse llegado, al poner sobre la mesa el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro colectivo. Las escenografías escogidas evidencian la incapacidad de unos y otros para buscar espacios de diálogo y entendimiento. Mientras desde la Generalitat se enfatiza con un acto cargado de simbolismo, en La Moncloa, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reiteró los argumentos legales ya conocidos contra la consulta. Pero no hay una respuesta política a una demanda sececionista que aspira a ser evaluada en las urnas. Esta es la auténtica cuestión de fondo.
El Gobierno opta por una contestación legalista, pero las divergencias no se resolverán con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dado que es un problema político.
