Editorial30/08/16 0:00
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El hecho de que los más de 9.200 titulares de viviendas vacaciones ya legalizadas en Balears, y en un futuro, todos los que se dediquen a esta actividad estén obligados a informar cada día a la Policía Nacional de la identidad de sus clientes, constituye un paso importante. Permitirá ordenar y controlar un fenómeno cada vez más en auge. Supone, ni más ni menos, equiparar el alquiler turístico con el funcionamiento de los hoteles, cuyos directores tienen la obligación de informar diariamente a las fuerzas de seguridad.

El trasvase de estos datos al Ministerio del Interior responde a lógicas medidas de seguridad. En la época actual, marcada por la amenaza terrorista y la delincuencia organizada, adquiere más sentido este deber de informar a las autoridades.

Podrán ser discutidas las normas de la Conselleria de Turismo para la regulación de estos alquileres, pero es preciso garantizar la seguridad para los residentes y los turistas. El alquiler de pisos y viviendas a visitantes ha adquirido grandes dimensiones. Con la actual legislación sobre alquileres urbanos, que resulta insuficiente, es preciso aprobar una regulación que permita regular y legalizar toda esta oferta no hotelera.