La amenaza de un recurso de inconstitucionalidad a la ley que regula el alquiler turístico en Balears es muy real, tal como admitió ayer el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló. El Gobierno central, al igual que hace con todas las leyes y normas que aprueban las autonomías, examina su adecuación al marco competencial y su posible colisión con disposiciones estatales.
Todo apunta a que el texto aprobado por el Parlament, enmendado después con un decreto ley, invade la Ley de Arrendamientos Urbanos y vulnera disposiciones de la Unión Europea en materia de libre competencia. Desde el Gobierno del Estado, que tiene potestad de suspender la entrada en vigor de normas que debe analizar el Tribunal Constitucional, ya formularon prescripciones técnicas al Govern sobre el proyecto ley, pero no han sido tenidas en cuenta en el texto final. ¿Ha actuado el Govern del Pacte con responsabilidad al obviar estas advertencias? Un desplante de esta naturaleza puede acarrear un elevado coste político al Pacte. Las prisas del Govern y la demora del Gobierno central en pronunciarse generan una situación de indefinición que perjudica a Balears.
