La práctica habitual de la Administración -en este caso el Consell insular- de valorar a la baja los terrenos objeto de expropiación para llevar a cabo obras públicas motiva pleitos y reclamaciones de los propietarios afectados que deben resolver los jueces. El Tribunal Supremo ha condenado a la institución insular a pagar 657.000 euros más por los terrenos expropiados para la construcción de la variante de Ferreries.
Los mismos propietarios que han visto cómo prosperaba su recurso contra el precio fijado por el Consell para adquirir estos terrenos habían obtenido una anterior victoria judicial, también contra el Consell de Menorca, por la expropiación del acceso a S'Enclusa de Ferreries. En este pleito, el pago se multiplicó por seis, y pasó de 128.653 euros a 763.403.
Los ciudadanos deben confiar en las administraciones, que no dudan en aplicar recargos y sanciones cuando hay demoras en el pago de impuestos o infracciones. Quienes se ven inmersos en procedimientos expropiatorios -hay los casos de Santa Rita y la voltadora de Ciutadella- deben tener la certeza de que recibirán una valoración y un precio justo por terrenos que pasan a ser públicos.
