La «operación esponjamiento» de Son Bou, que tiene su origen en el Plan Territorial Insular de 2003, ha acarreado graves consecuencias y elevados costes a los menorquines. Un cúmulo de errores en el que sobresale la 'sentencia Cesgarden', que ha hipotecado la tesorería del Consell de Menorca con 29 millones de euros; y al que ahora debemos añadir otros 7,2 millones de euros por la sentencia del 'caso Princesa Son Bou'.
En abril de 2016 el gobierno tripartito del Consell llegó a la conclusión de que quedaba eximido de pagar la indemnización a esta promotora, tal como establecía un fallo anterior. Advertimos en aquella ocasión que PSOE, Més y Podemos se precipitaban. Los hechos posteriores han confirmado que el Consell se equivocó al presentar un recurso que carecía de recorrido procesal y argumentos para prosperar. Lo más grave es que la demora en el pago de la indemnización, que ya se no puede eludir ni retrasar más, incrementa los intereses en 200.000 euros más. En política, cuando se manejan recursos públicos, hay que extremar la diligencia, el rigor y la seriedad. Hay que asumir responsabilidades y comprender que proteger tiene un elevado coste.
