Editorial02/04/18 0:37
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Las instalaciones del campamento de Biniparratx ya suman tres años con las puertas cerradas y sin posibilidad de ser utilizadas. El Consell y el InJove (Institut de la Joventut de Menorca) acordaron la suspensión de actividades para llevar a cabo unas obras de adecuación consistentes en una planta depuradora para el tratamiento de las aguas residuales, un depósito con capacidad para 50 metros cúbicos de agua destinada al consumo humano, la reforma interior de dos baños adaptados y la puesta en marcha de un generador eléctrico de emergencia. El coste de estas actuaciones asciende, en conjunto, a 200.000 euros.

Tres años después el campamento continúa cerrado y carece aún de fecha de reapertura. Las obras no han concluido, pero, según advierten desde el Consell, después habrá que «solicitar los permisos pertinentes, además de las licencias municipales». Este caso constituye un triste ejemplo del retraso con que se ejecutan las obras públicas, le burocracia de las administraciones y una gestión que debería ser mucho más ágil, eficaz y rápida. No es admisible que unas obras presupuestadas en 200.000 euros se demoren durante tres años.