La dirección general de Ports del Govern balear sólo ha incoado sesenta expedientes sancionadores por el alquiler ilegal de embarcaciones de recreo, cuando se estima en miles el número de estas barcas en el archipiélago. El Govern del Pacte anuncia el endurecimiento del régimen sancionador para disuadir a nuevos infractores. Hay dos cuestiones a afrontar: el fraude fiscal y la seguridad.
Al igual que ocurre con el alquiler turístico de los inmuebles, el chárter náutico florece al amparo de una manifiesta opacidad fiscal, pero en esta actividad no hay amparo legal posible, como ocurre con la Ley de Arrendamientos Urbanos en los inmuebles que se alquilan a los visitantes. El alquiler de embarcaciones es una actividad comercial que debe liquidar sus tributos, pero el fraude alcanza cifras millonarias que escapan a todos los controles. La proliferación de estos alquileres irregulares de embarcaciones supone el incumplimiento de las medidas de seguridad y las titulaciones exigidas para los patrones y sus tripulantes.
Es preciso actuar y aplicar medidas para evitar situaciones de peligro y accidentes. La navegación en aguas de Balears debe ser segura y legal.
