El acuerdo programático firmado en junio del 2015 por PSOE, Més per Menorca y Podemos para este mandato en el Consell insular afirma, textualmente, «revisar el plan de ejecución de las obras en la carretera general para reconducir la construcción de las rotondas polémicas» y «modificar el proyecto con la intención de eliminar las rotondas innecesarias, en la medida que la ley la permita».
Todas las intenciones y decisiones políticas deben venir avaladas por informes -tanto técnicos como jurídicos- así como contar con asignación presupuestaria. Tres años y medio después, los mismos partidos que suscribieron aquel acuerdo programático anuncian que dejan ahora en manos de los técnicos el futuro de los puentes ya construidos en L’Argentina y Rafal Rubí. Era lo que debían haber hecho el primer día porque el ejercicio de la función pública implica cumplir y hacer cumplir la ley. Y la ley ni lo permite ni lo ampara todo, máxime cuando debe imperar el sentido común en una obra viaria para mejorar la seguridad del tráfico rodado. El gobierno tripartito confundió, al principio del mandato, sus deseos e intenciones con las realidades. Ahora debe enmendar sus propios errores.
