El proyecto del Consell para las obras de reforma de la carretera de Favàritx, redactado en 2015, cuatro años después aún no se empezado a ejecutar. Y no estamos hablando de una gran obra pública, sino del refuerzo y adecuación de un tramo de 2,4 kilómetros de esta vía con un plazo de ejecución de 21 días y un presupuesto que asciende en conjunto a 23.518 euros.
En este caso es la propia Administración -el Consell insular- que, atrapada en el laberinto de los informes, dictámenes y licencias, constata como se retrasa esta actuación. Una práctica que se repite en numerosos proyectos y obras promovidas por particulares, que se van demorando por las dificultades para obtener los permisos exigidos por distintas administraciones.
La Comisión Balear de Medio Ambiente ha autorizado ahora el refuerzo de la carretera de Favàritx tras los informes del Servicio de Protección de Especies, Espacios Naturales, el departamento de Aguas Subterráneas, la dirección general de Recursos Hídricos, el Servicio de Costas y Litoral, y la dirección general de Ordenación del Territorio. Este caso pone de manifiesto la necesidad de aumentar la agilidad administrativa y la seguridad jurídica.
