Editorial14/03/19 21:49
TW

La ley balear de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el 12 de febrero por el Parlament, sigue suscitando reacciones. La prohibición de la entrada en las Islas de nuevos coches diésel en 2025, dentro de seis años, y de gasolina a partir de 2035, no ha dejado indiferente a nadie. Tras el recurso de la asociación de fabricantes de coches ANFAC y la advertencia del PP que derogará esta norma si recupera el Govern después del 26-M, ahora la Comisión Europea analizará el recurso de los fabricantes de automóviles.

La cuestión fue planteada en Bruselas por la eurodiputada mallorquina Rosa Estarás, quien reclama que se priorice el fundamento jurídico sobre el impulso político. La ruta para la transición energética de Balears provoca recelos y reticencias. El exministro Jordi Sevilla, que hoy preside Red Eléctrica de España, confirma que el diesel tiene los años contados, pero añade que la ley balear «es un poco excesiva» y que «ser pionero ha podido llevar a algunas cosas que con el tiempo revisarán». Esta ley precisa seguridad jurídica y respetar las directivas comunitarias. El pronunciamiento de la Comisión Europea adquiere gran trascendencia para aclarar las dudas.