Editorial

El nuevo PTI debe aportar seguridad jurídica y generar consenso

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La presidenta del Consell, Susana Mora, presentó ayer -en el tramo final del mandato iniciado en julio de 2015, y a escasos dos meses para las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo- la memoria, normativa, planos y anexos para la aprobación inicial del nuevo Plan Territorial Insular. La planificación que en 2003 aprobaron PSOE, PSM y Esquerra de Menorca-EU se somete ahora a revisión, 16 años después.

El PTI, por su impacto e incidencia sobre el conjunto de la economía y la sociedad de la Isla así como de los planeamientos municipales, como instrumento superior de ordenación, suscita una gran expectación. Un documento de estas características debe aportar seguridad jurídica al regular cuestiones de tanta trascendencia como el alquiler turístico y su zonificación, los usos en suelo rústico, el acceso a la vivienda y el cambio del modelo energético. Al mismo tiempo, cabe reclamar el máximo consenso -tanto social como político- para garantizar su vigencia y aplicación, lo que evitará la tentación de entrar en revisiones permanentes, fruto de los cambios que marcan las convocatorias electorales cada cuatro años. El PTI ha de tener vocación de permanencia.