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Tanto las actuales normas electorales como las interpretaciones de la Junta Electoral Central requieren una urgente actualización porque el marco jurídico en vigor ha quedado obsoleto en una sociedad donde las redes sociales se han adueñado de la comunicación. No es posible impedir la difusión de encuestas cuando son accesibles por internet desde cualquier otro país. Tampoco cabe condicionar los debates políticos en los medios privados. Son anacronismos cuya modernización se ha convertido en exigencia inaplazable.

La exclusión de Vox en los debates de RTVE y Atresmedia evidencia un encorsetamiento que carece de sentido al impedir el libre contraste de ideas.

Resulta inexplicable la tutela que se ejerce sobre los medios de comunicación privados, cuando han de primar los criterios periodísticos. En una sociedad democrática no caben ni se comprenden estas restricciones. Tampoco se entiende la ‘jornada de reflexión’ cuando el voto se sigue pidiendo desde plataformas y páginas web. En conjunto, unas medidas aprobadas hace cuarenta años que deben ser cambiadas y renovadas a fondo. Las campañas electorales deben garantizar el juego limpio y en igualdad de condiciones.