El Tribunal Supremo acordó ayer suspender la exhumación de los restos del general Franco, depositados en el Valle de los Caídos. Ha quedado paralizado el traslado ordenado por el Gobierno, previsto para el próximo lunes. El Supremo quiere evitar los perjuicios que supondría la admisión de los recursos interpuestos por la familia Franco y otras entidades, que se oponen a cambiar la ubicación del cadáver del dictador.
El Gobierno no puede imponer sus tiempos en una cuestión judicializada, lo que habían previsto los promotores de la exhumación. Pero la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es un hecho inevitable, porque en democracia no cabe un homenaje permanente a un personaje controvertido que rigió España de 1939 hasta su muerte en 1975. El sentido común y el respeto a todas las víctimas aconseja la devolución de los restos a la familia Franco, sin precipitaciones, en el marco de la ley.
No cabe la pervivencia del mausoleo en el Valle de los Caídos financiado por el propio Estado. La exhumación y traslado del cadáver del general Franco, sin ser un tema prioritario, debe darse en favor de la reconciliación y los justicia histórica.
