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El conseller de Medio Ambiente y la directora general de Recursos Hídricos del Govern balear, Miquel Mir y Joana M. Garau, respectivamente, han presidido la primera reunión que, durante este mandato, ha celebrado la Junta Central de Usuarios de Aguas de Menorca, corporación de derecho público a la que corresponde la gestión de las aguas subterráneas de la Isla y de la que pueden formar parte todos los usuarios menorquines. Este organismo se constituyó durante la anterior legislatura pero, más allá de la aprobación de sus estatutos, aún no ha tomado decisiones ni ha llevado a cabo actuaciones.

Ahora, al afrontar el Govern la revisión del Plan Hidrológico de Balears, anuncia que durante el 2020 recogerá opiniones y propuestas para «tratar de determinar cuáles son las especificidades de Menorca dentro de los problemas generales del archipiélago en esta materia».

El hecho insular y la configuración de una cuenca menorquina –independiente y distinta a la de Mallorca, Eivissa y Formentera- justifican plenamente que la gestión y el control de los acuíferos se lleve a cabo en Menorca, sin que deba intervenir el Govern ni tengan que desplazarse consellers y directores generales. Al ser Menorca un territorio insular, corresponde a las instituciones menorquinas, con la participación de los usuarios, desarrollar estas funciones para proteger nuestros acuíferos y garantizar la disponibilidad de este recurso esencial.