Durante la próxima temporada de 2020 –y previsiblemente también en 2021- la depuradora de Sant Lluís seguirá funcionando al límite de su capacidad y con un evidente riesgo de contaminación, tal como advierte la Comisión Balear de Medio Ambiente. Este organismo, que depende del Govern balear, denuncia que las instalaciones puestas en marcha en 1995 resultan «insuficientes para tratar los caudales y cargas en temporada alta». La depuradora, que en invierno da servicio a una población de 6.137 personas, en verano recibe la carga de 20.204 habitantes, con un incremento del 229 por ciento.
El Govern no ha incluido en los presupuestos autonómicos de 2020 el coste de 2,9 millones a que ascienden las obras de redimensionamiento de esta estación depuradora, habiendo previsto únicamente 36.603 euros para redactar el proyecto, que aún no ha sido encargado. Después vendrá el complejo proceso de licitación, adjudicación y ejecución de unas mejoras que hoy ya no pueden demorarse. La administración responsable, en este caso el Govern de la Comunidad Autónoma, actúa tarde y mal en unas instalaciones que también acumulan un retraso de tres años en el proyecto de infiltración de agua depurada en los acuíferos. Ante estos retrasos, ¿quién exige responsabilidades a la Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) en sus actuaciones para Menorca?
