Editorial16/01/20 0:00
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El titular de la Conselleria de Educación, Martí March, se reunió ayer con los directores de los centros de los diferentes niveles educativos más afectados por la retirada de los remanentes económicos. El malestar del colectivo se ha hecho patente en las últimas semanas tras la decisión unilateral de Educación de recuperar 1,8 millones de euros –un excedente de procedencia diversa– que los colegios tenían depositados en las entidades financieras. Las críticas de los directores se basan en que los responsables de la Conselleria no les advirtieron con antelación suficiente del recorte. Al final se ha logrado alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

Que un centro educativo tenga hasta 300.000 euros en ‘ahorros’ no tiene sentido, una cuestión es disponer de fondos de maniobra que permitan atender los gastos de mantenimiento e imprevistos y otra muy distinta inmovilizar ingresos sin justificación alguna. La fiscalización de la Conselleria debe ser constante puesto que las necesidades de la educación pública son múltiples y variadas. Sería un gran error desincentivar la buena gestión de la que hacen gala muchos directores. La cuestión central es restablecer la confianza mutua y fijar unos parámetros que permitan trabajar a unos con la autonomía financiera suficiente y, por otra parte, garantizar el control y transparencia de las partidas económicas que se manejan, buscando siempre el beneficio común.