El decreto que ayer anunció el Govern con un importante paquete de sanciones contra el llamado ‘turismo de borrachera’, cuyas consecuencias generan un importante deterioro de la imagen de las Islas como destino turístico, tiene como principal misión el cambio de una dinámica en la oferta de ocio de determinados enclaves que necesitará de importante medidas complementarias hasta su erradicación.
La reacción del Govern para tratar de atajar el problema es imprescindible. Cada temporada Balears acumulaba amplios espacios mediáticos con este ‘turismo de borrachera’ y sus negativas consecuencias cuando, hay que insistir en ello, este es un fenómeno arraigado en muchos otros destinos dentro y fuera de España. De lo que no cabe duda es que existía el riesgo de que las Islas quedasen etiquetadas como un icono de una oferta que apenas genera un beneficio social o económico y sí enormes costes. Las instituciones debían costear los incrementos de dotaciones policiales, emergencias sanitarias, deterioro del mobiliario urbano y la convivencia vecinal, ... unos gastos que quizá las sanciones ayuden a paliar. Con todo, lo más importante del decreto, que deberá ratificar el Parlament, es el efecto disuasorio que debe tener entre los empresarios menos comprometidos con un modelo turístico basado en la calidad.
