Editorial07/03/20 0:00
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El fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional ha solicitado a su homólogo suizo el acceso a los datos sobre una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña, vinculada a don Juan Carlos, a su amiga Corinna Larsen. Una acción que forma parte de la investigación sobre el presunto pago de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, con una cantidad que podría ascender a cien millones de dólares. Diputados de cinco partidos han registrado en el Congreso la petición de una comisión de investigación sobre estas operaciones.

Este episodio, que afecta al rey Juan Carlos, requiere una explicación pormenorizada. Los indudables servicios prestados a España en la transición a la democracia no pueden tapar este oscuro asunto, con aspectos tan esperpénticos como la de un regalo «no solicitado» a la señora Larsen. El ‘caso Nóos’ acabó provocando la abdicación de don Juan Carlos, por lo que es preciso atajar este escándalo para evitar que deteriore a la institución monárquica en España. La lógica de la práctica política exige dar explicaciones a la ciudadanía. Rehuirlas no es la opción más acertada ni inteligente en una sociedad democrática.