Por acuerdo del Consell de Govern, los trabajadores públicos de la Administración autonómica deberán superar una «evaluación presencial» de sus sospechas de contagio del covid-19 ante el Servei de Prevenció de Riscs Laborals. La medida tiene por objeto evitar las incomparecencias masivas de los funcionarios y personal laboral de la Comunitat Autònoma en sus puestos de trabajo, circunstancia que se detectó la pasada semana en la Conselleria de Trabajo cuando recibió una avalancha de tramitaciones de ERTE.
Resulta llamativo que solo un sindicato, STEI Intersindical, haya emitido una nota crítica con la decisión del Govern. No puede pasarse por alto que se tengan que establecer medidas para evitar el abandono injustificado de sus puestos de trabajo a trabajadores públicos, que argumentan síntomas de un posible contagio por coranovirus y dejan toda la carga laboral a sus compañeros.
Mientras centenares de sanitarios sufren las consecuencias del contagio del covid-19, miles de ellos redoblan sus esfuerzos para atender a los enfermos y otros tantos trabajadores –públicos y civiles– cumplen con sus tareas en unos momentos tan complicados como los actuales, es inadmisible que haya un colectivo de empleados autonómicos que recurra a la picaresca para eludir sus responsabilidades laborales. Los aplausos diarios de los ciudadanos no son para ellos. Nunca los merecerán.
