La mayoría de ayuntamientos no ocultan su indignación por el acuerdo de la Federación de Municipios y Provincias con el Gobierno porque supone la práctica incautación de sus ahorros. Son un total de 16.000 millones los que el Gobierno quiere ingresar de los fondos municipales, obtenidos por la contención del gasto de la ‘ley Montoro’ del PP para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Sólo en Balears rebasa los 555 millones de euros.
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos justifica la decisión en la necesidad de obtener liquidez para hacer frente a las medidas de reactivación económica. La discrepancia surge porque el Gobierno pretende utilizar un dinero que han aportado los vecinos. Los planes gubernamentales implican la requisa sin posibilidad de negociación o consenso. Todas la oposición, encabezada por el PP, y los alcaldes de grandes ciudades españolas expresan su rechazo. La FEMP, que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se encuentra al borde del colapso y son ya casi doscientos diputados en el Congreso los que están dispuestos a bloquear esta iniciativa. Al Gobierno sólo le queda la opción de negociar un acuerdo.
