El Consejo de Ministros extraordinario convocado de urgencia para esta mañana aprobará el estado de alarma, un instrumento jurídico que facilitará la aplicación de nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la covid-19 en nuestro país. Sin embargo, a diferencia del que se decretó en marzo pasado, ahora el Gobierno deja que sea cada comunidad autónoma la que disponga –según sus datos epidemiológicos– las normas a dictar en cada territorio. La declaración del estado de alarma está siendo reclamada por numerosas autonomías, en especial las que tienen gobiernos socialistas o nacionalistas –nueve en total–; entre ellas la de Balears.
Disponer del estado de alarma asegura la legalidad de los toques de queda que de manera más o menos explícita se están imponiendo en las comunidades, algunas de las cuales retrasan la decisión a la espera del apoyo jurídico que se espera obtener con el acuerdo del Consejo de Ministros que deberá quedar ratificado por el Congreso de los Diputados.
Balears se ha sumado a la petición de estado de alarma que deja abierta la puerta al dictado del toque de queda, una posibilidad que el Govern no descarta aplicarlo de manera inminente en función de las cifras de contagios. El comportamiento social, con actitudes irresponsables demasiado frecuentes, impiden un descenso efectivo de la incidencia y provoca que las Islas ya estén, según los últimos datos, en plena zona de riesgo que justificaría restricciones todavía más severas.
