La bronca en el Congreso de los Diputados con la que se dio luz verde, con exigua mayoría, a la enésima reforma de la ley de educación, la llamada ‘ley Celaá’, garantiza su escaso recorrido. No ha sido posible el entendimiento en una cuestión tan esencial como es la educación.
Entre las protestas cabe señalar los centros concertados, en desacuerdo con un marco legislativo que consideran excesivamente intervencionista. La ‘ley Celaá’ apoya claramente la enseñanza pública a la que subordina la concertada. El Gobierno olvida que su oferta educativa es insuficiente para atender la demanda. Los centros concertados son indispensables para garantizar el acceso universal a la enseñanza; una función que se reduce a un mero sucursalismo respecto a la red pública. La demanda en los colegios concertados es altísima; circunstancia que confirma las preferencias de los padres.
Siendo discutible la supresión del español como lengua vehicular en las comunidades con otro idioma oficial, caso de Balears, lo nuclear del debate es que España afronta una reforma educativa provisional, con fecha de caducidad. La estabilidad debería haber sido el principal objetivo, pero el Gobierno no lo ha conseguido.
