El anuncio de que el Govern pretende obligar a que los clientes de bares y restaurantes se identifiquen con su nombre, número del DNI y del teléfono móvil suscita debate y controversia. El objetivo es localizar las personas susceptibles de ser contagiadas en el caso de que se detecte un brote de coronavirus en el establecimiento.
De aplicarse esta norma, Balears sería pionera en toda España –incluso en el resto del mundo– a pesar de que no faltan juristas que cuestionan su legalidad por lo que supone de intromisión en la privacidad y vulneración de la Ley de Protección de Datos.
Las pretensiones del Govern generan polémica ciudadana, porque la cuestión de fondo es el límite de los derechos individuales. Identificar a todos los comensales supone un claro acoso a la intimidad por un supuesto beneficio en el control de la pandemia. Poco se conoce sobre la gestión de esta información y si está testada su eficacia. Por esta misma regla también podría aplicarse la identificación a quienes vayan a los comercios en función del tiempo de estancia o los asistentes a un espectáculo. Lo razonable es garantizar la viabilidad jurídica y flexibilizar –podría hacerse de manera voluntaria– su aplicación.
