Editorial07/02/21 0:00
TW

Con una demora media de entre 15 y 16 meses, cuando el plazo legal máximo es de solo tres meses, casi 600 personas aguardan en Menorca para ser evaluados y determinar su grado de discapacidad. Esta valoración es requisito imprescindible para obtener la declaración y percibir las ayudas destinadas a la integración. La consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, apunta que la normativa estatal debería modificarse y advierte que los retrasos en la tramitación de la discapacidad irán en aumento.

En Menorca el problema se origina por la falta de médicos que lleven a cabo las valoraciones y redacten los informes

En febrero del año pasado el Govern decidió que, con carácter puntual, un médico de la sanidad privada pudiera compatibilizar su actividad profesional con las tareas de valoración de la discapacidad en la Isla. La entrada en vigor de las restricciones para impedir la propagación de la pandemia han abierto la puerta a las valoraciones telemáticas, una opción que puede agilizar estos preceptivos trámites. Nos hallamos ante un problema que se ha ido agravando, que exige medidas eficaces porque hay muchas personas y familias perjudicadas.