El Consejo de Ministros modificó el decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, aprobado el 12 de marzo, para autorizar una mayor flexibilidad en el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas. Balears ha de recibir 855,7 millones para paliar el impacto de la Covid.
El acuerdo amplía las empresas receptoras de este fondo estatal y posibilita que puedan acceder los negocios que registraron pérdidas en 2019 por causas excepcionales. La primera versión del decreto-ley provocó un aluvión de quejas por la exclusión de numerosos sectores.
En Balears protestaron los fabricantes de calzado, los productores de queso, los empresarios de muebles, peluquerías, centros de estética, floristerías, tiendas de souvenirs, concesionarios de coches y talleres de reparación al no aparecer entre los 95 sectores cuyo epígrafe fiscal les permitía obtener la aportación estatal. Ahora el Gobierno corrige estas omisiones y las autonomías podrán repartir las ayudas según las especificidades de cada región. Balears contará con los mismos recursos para repartir entre más empresas, que han de registrar una caída del 30 por ciento en su facturación durante el 2020.
