El Gobierno ha admitido que prepara un paquete de medidas tributarias para incrementar la recaudación fiscal, cumplir las exigencias de la Unión Europea y devolver los créditos destinados a afrontar la pandemia. Los nuevos mecanismos recaudatorios tendrán un gran impacto sobre las clases sociales medias y repercutirán sobre las pequeñas y medianas empresas. Todo ello crea preocupación social.
Al peaje en las carreteras hay que añadir el impuesto sobre el diesel, el aumento de la factura eléctrica, subidas en los tributos de Patrimonio, Sociedades y Transmisiones, revisión al alza de las tasas aeroportuarias, etc. Medidas con gran repercusión en los precios y el bolsillo de los contribuyentes. El Gobierno no prevé reducir el gasto en unas administraciones públicas mastodónticas, hipertrofiadas e inoperantes. ¿Tiene sentido castigar fiscalmente a las empresas y familias en plena crisis? Para que el Estado recaude más impuestos ha de reactivar la economía y atajar el fraude. Ello no impide actuar en las rentas más altas o las grandes corporaciones. Aumentar el esfuerzo fiscal de manera indiscriminada es un serio error, y más cuando no hay una correspondencia solidaria desde la Administración.
