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Desde hace cuatro años Trapsayates gestiona los amarres del Moll de Llevant del puerto de Maó con una concesión revocada por Autoridad Portuaria por un incumplimiento grave de las bases de la adjudicación. En julio de 2018, APB dio tres días de plazo a la empresa para que desalojara las instalaciones. Los administradores judiciales de la empresa han utilizado con habilidad los recursos ante la Justicia para demorar su salida y gestionar unos amarres con los que saldan deudas de esta sociedad fallida. Además, al haber revocado la concesión, Puertos ya no incluye en su memoria de 2019, la última conocida, el ingreso de un canon de más de 600.000 euros al año. Pocos dudan de que Trapsa seguirá hasta que caduque la concesión inicial por 14 años y diez meses, lo que sucederá a finales de 2023.

Todo este conflicto se quedaría en un problema jurídico, si no fuera porque perjudica al Club Marítimo Mahón, que perdió estos amarres en un polémico concurso y que desde entonces sufre una situación económica cada día más complicada. Además la situación actual de APB no es la mejor para encarar un asunto que debería estar ya resuelto.