La financiación autonómica en vigor, que se aprobó en 2009, caducó el 2014. Las comunidades más perjudicadas por el actual sistema, entre ellas Balears, vienen reclamando su reforma. Siete años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a las autonomías una propuesta para fijar un nuevo reparto que incluye la revisión del criterio de población ajustada e incrementa la cuantía del gasto en sanidad y educación. Los gobiernos regionales han recibido con diversidad de opiniones esta propuesta inicial.
El proyecto del Gobierno rechaza compensar la población flotante de Balears, tal como reclama la presidenta Armengol en respuesta las reivindicaciones de ocho autonomía de la ‘España vaciada’, seis de ellas gobernadas por el PSOE. A pesar de que los turistas no contarán para obtener más recursos, el Govern valora esta propuesta como «un primer paso» para debatir el futuro sistema de financiación en el que Balears propugna mayor responsabilidad fiscal de las comunidades. Balears, que acumula una deuda de 9.359 millones de euros al ser una comunidad mal financiada, se juega mucho. Es preciso argumentar los sobrecostes que soportamos, no sólo por la insularidad, sino por una falta de recursos que se ha acentuado y nos sitúa en una situación de inferioridad y desequilibrio que se debe corregir sin demora.
