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Aceptar el euro como moneda común fue    una de las grandes cesiones de soberanía de los países que integran la Eurozona, una decisión que ahora cumple su vigésimo aniversario, con un enorme impacto en los mecanismos reguladores de las economías nacionales. Los gobiernos perdieron la capacidad de actuar sobre la fluctuación de sus monedas porque el valor de la divisa europea quedó fijado. Al igual que ocurre con el tratado de Schengen, no todo han sido aciertos, aunque los beneficios superan los inconvenientes. El euro supuso la pérdida de competitividad turística de Balears frente a otros destinos, que podían jugar con las devaluaciones para hacer más atractivos sus paquetes turísticos e incluso las inversiones. El bolsillo de los ciudadanos también sufrió el incremento de precios por una mezcla de picaresca y desconocimiento. Sin embargo sería injusto no destacar los beneficios provocados por la estabilidad monetaria y las ayudas del Banco Central Europeo. Sobrevivir a las últimas crisis sin el paraguas de la UE hubiese sido mucho más complicado para España. La apuesta de España por el euro es la mejor opción, incluso para las Islas al amortiguar escenarios complicados de la economía de estos veinte años. El reto consiste en corregir los errores del pasado, y aquí es donde se percibe una falta de voluntad colectiva.