Editorial05/01/22 3:59
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La petición del Govern para que el Gobierno central condone la deuda de 4.000 millones que Balears tiene contraída con el Estado responde a la necesidad de compensar un modelo de financiación obsoleto. La propuesta que se formula desde el Consolat de Mar no es nueva. De manera sistemática los diferentes gobiernos de las Islas han tenido que recurrir al endeudamiento para poder mantener unos servicios públicos dignos. En caso contrario, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y el resto de infraestructuras en Balears no serían comparables, por deficientes, con otras comunidades.

El endeudamiento supera hoy los 9.000 millones, de los que 5.000 corresponden a bancos y el resto a fondos públicos. Para el 2022, los Presupuestos del Estado incluyen mecanismos de corrección al iniciar la aplicación del    del Régimen Especial. Sin embargo, es injusto dejar pendiente la deuda acumulada de años atrás. La reclamación del Govern, si prospera, permitirá a Balears obtener el mismo trato que otras autonomías, además de colocarse en la casilla de salida en las mismas condiciones que el resto. Las Islas no son un pozo económico del Estado para extraer recursos de manera casi ilimitada; incluso hasta agotarlos. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede ser insensible a una petición justa como la que ahora se vuelve a formular.