El acuerdo de gobierno en la Junta de Castilla y León, entre el Partido Popular y Vox, abre una nueva estrategia en la formación conservadora. El avance electoral de la derecha encabezada por Abascal ha motivado un pacto que implica la aceptación, por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, de la cesión de una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia del parlamento autonómico a Vox, una fórmula para evitar nuevas elecciones.
Fernández Mañueco advierte que la alianza con Vox se enmarca en la Constitución y el Estatuto castellano leonés para tranquilizar los análisis más alarmistas. La comunidad de Castilla y León se convierte en el campo de experimentación de ulteriores cooperaciones institucionales entre PP y Vox para desbancar a la izquierda, según apuntan los últimos estudios demoscópicos.
Ahora se abre un período en el que el PP pondrá a prueba su capacidad de reconducir el discurso más extremo de Vox –al igual que el PSOE hace con Unidas Podemos en el Gobierno–, en temas referidos a la violencia machista, la inmigración o la homosexualidad. El ‘nuevo’ PP de Alberto Núñez Feijóo se examina en Castilla y León, lo que planeará en la política española durante los próximos meses; todo un reto para la futura dirección estatal de los conservadores. La credibilidad y estrategia del PP se ha puesto en juego.
