Más de cincuenta personas vinculadas con el movimiento independentista en Cataluña ha sido objeto de espionaje en sus comunicaciones mediante la aplicación Pegasus. Este hecho provoca el reproche y el distanciamiento del Gobierno por varias formaciones que le dan su apoyo parlamentario; una actitud que comparten incluso sus socios de Unidas Podemos. Al mismo tiempo abre un nuevo frente de tensión política y ensombrece la calidad democrática del país; porque una operación de estas característica sólo cabe bajo el amparo judicial.
La defensa de los postulados independentistas en España es legal, siempre que se realice en el marco de la Constitución y sin vulnerar derechos ni libertades. Es preciso aclarar e identificar, por tanto, a los responsables y los objetivos de esta acción, porque el Estado debe ser el primero en cumplir con todas las garantías democráticas y ninguna de sus instituciones puede actuar al margen de las leyes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe ser el primer interesado en indagar lo ocurrido si quiere recuperar el diálogo institucional con Cataluña, además de calibrar las consecuencias de la pérdida de apoyos parlamentarios para el resto de la legislatura. Lo sucedido es de una gravedad extrema y pone en entredicho la democracia española. Los ciudadanos demandan explicaciones.
