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La inflación interanual vuelve a empeorar, tras el respiro de abril cuando se situó en el 8,3 por ciento y redujo el Índice de Precios al Consumo disparado del 9,8 por ciento de marzo. El IPC subió en mayo al 8,7 por ciento -tres décimas más de las previsiones del Gobierno- por el incremento de las combustibles y los alimentos, lo que supone un paso atrás. Y con un impacto directo sobre las economías domésticas, porque el denominado ‘impuesto de los pobres’ reduce la capacidad de consumo y de compra de quienes no aumentan sus ingresos en la misma proporción que suben los precios. Las medidas del Gobierno no logran contener la inflación, que registra subidas desde marzo de 2021. El principal factor son las tarifas eléctricas, con tarifas muy altas; junto con las gasolinas y la alimentación. La espiral inflacionista también incide en el IRPF, al retener Hacienda un 9 por ciento más a los pensionistas y un 3,5 por ciento a los trabajadores. En este escenario, hay que replantear las medidas aplicadas por el Gobierno, que se están demostrando ineficaces, como la bonificación de los carburantes, hoy sin apenas efecto; y una reducción de la factura eléctrica que no llega. Es el momento de impulsar un pacto de rentas que frene el malestar social por la reducción del poder adquisitivo que sufren los trabajadores y los consumidores.