Editorial19/08/22 3:59
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El refuerzo del cuerpo de inspectores adscritos al departamento de Ordenación Turística, que el Consell anunció en febrero pasado para detectar y erradicar la creciente oferta de alquiler turístico ilegal, aún no se ha completado. Seis meses después constituye un incumplimiento porque de los tres nuevos inspectores que debían incorporarse -plazas que cuentan con dotación presupuestaria- sólo se ha contratado uno, que empezó a desarrollar su función durante la segunda quincena de julio, cuando la temporada ya registraba una intensa actividad en toda la Isla.

Estos últimos años ha aumentado el número de viviendas, de toda tipología y en numerosas ubicaciones, que se comercializan y explotan en Menorca para el alquiler turístico. Mientras se mantiene prácticamente paralizado el número de plazas hoteleras, asistimos a una proliferación de vivienda turística, unas legalizadas, pero hay miles de casas sin licencia que están inmersas en situaciones de ilegalidad y alegalidad. Todo ello ante una administración pública, el Consell insular, al que corresponde ejercer con eficacia y rigor el control de esta actividad. Es preciso dar explicaciones y asumir responsabilidades por este incumplimiento.